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Nuevos fallos de la Suprema extienden tutela del Código del Trabajo a funcionarios públicos

Cuarta Sala del máximo tribunal ratificó dos sentencias que acogieron demandas por tutela laboral de funcionarios públicos de Temuco y Puerto Montt, y que hicieron aplicable este régimen laboral que era restringido para el sector privado, a los trabajadores del Estado.

Nuevamente la Cuarta Sala de la Corte Suprema corrió el cerco en cuanto a legislación laboral y extendió la tutela de las normas del Código del Trabajo a los empleados públicos que están regulados por una ley especial: el Estatuto Administrativo.

En fallos divididos (causas roles 4150-2015 y 5716-2015), la instancia integrada por los ministros Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Arturo Prado, ratificó dos sentencias que acogieron demandas por tutela laboral de funcionarios públicos de Temuco y Puerto Montt, y que hicieron aplicable este procedimiento especial laboral -que antes estuvo restringido para el sector privado-, a los trabajadores del Estado.

En estricto rigor, se rechazaron los recursos de unificación de jurisprudencia presentados en contra de sentencias que acogieron demandas presentadas por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), en Temuco, y de la subsecretaría de Prevención del Delito, en Puerto Montt.

En el ámbito de los abogados laboralistas destacan que los últimos dictámenes ratifican el nuevo criterio que se asentó en la Suprema desde abril del año pasado, cuando a partir del caso que involucraba a un trabajador despedido por la Cenabast, se abrió la puerta a los funcionarios públicos para que recurran de tutela laboral a los tribunales del Trabajo, ante la vulneración de derechos y garantías constitucionales por parte de los empleadores estatales.

En esa oportunidad se falló que “la administración del Estado no es ajena al compromiso de velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios sean respetados”, promoviendo una interpretación “que permita integrar las normas del Código del Trabajo que estén orientadas a hacer posible, en los hechos, el ejercicio de tales derechos”.

Consideraciones

En el caso de Sernapesca de Temuco, la Corte Suprema ratificó la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, en cuanto se declaró que la actuación de la autoridad administrativa en la forma y oportunidad en que ejerció  la facultad de remover al empleado Cristián Bordachar de su cargo vulneró su derecho fundamental a la honra.

Allí se condenó al Estado a pagar la indemnización equivalente a seis meses de remuneraciones, más reajustes e intereses, sin costas, además del pago de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y al recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicio.

En tanto, respecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito en Puerto Montt, el máximo tribunal ratificó el caso donde se acogió la demanda de Luis Ramírez, declarándose que existió lesión del derecho fundamental de integridad síquica del demandante  por  parte de su empleadora.

Como medidas reparatorias se ordenó a esta última restablecer al actor al pleno ejercicio de su cargo como Coordinador Regional, en la forma que lo ejercía hasta antes de la vulneración, y fue condenada al pago de la suma equivalente a cinco remuneraciones del actor, más reajustes e intereses, con costas.

“Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, que exige que las normas que habrían de aplicarse en forma supletoria no sean contrarias a las disposiciones del estatuto especial, es menester señalar que tampoco se encuentra en el Estatuto Administrativo algún capítulo o norma que pugne con la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos y, es que no se advierte cómo normas protectoras de dichos derechos podrían ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos funcionarios, toda vez que es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que también son titulares los funcionarios que trabajan en la Administración del Estado”, sostienen los fallos.

Añaden que “no cabe contraponer lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 18.575, que establece que el personal del Estado se regirá por las normas estatutarias en cuanto al ingreso, deberes, derechos, responsabilidad administrativa y cesación de funciones, con el procedimiento de tutela laboral, toda vez que este último tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales del trabajador en dicho ámbito y, en ningún caso, modificar u obviar el estatuto laboral que rige a los funcionarios públicos, respecto de quienes lo que se pretende es aplicar -cualesquiera sean las características del régimen de trabajo- un mismo estándar en cuanto al respeto de los derechos fundamentales por parte del empleador”.

Concluyen los supremos que “a los funcionarios públicos les resulta aplicable el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo y, en consecuencia, los Juzgados Laborales son competentes para conocer de las acciones que ellos deduzcan para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales en el ámbito de trabajo”.

 

Fuente:  Mostrador.cl 03.12.2015